La polarización política y el proceder de la Justicia en Panamá ante los casos de corrupción crean un desasosiego y hastío en la sociedad que «podría arar el camino para que falsos caudillos asuman las riendas» del país, uno de los más pujantes de la región, alertó este lunes un gremio de empresarios.
En una declaración pública, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) recalcó que han pasado dos años desde el inicio de decenas de procesos judiciales contra exfuncionarios y empresarios por supuesta corrupción, tiempo en el cual la sociedad ha exigido «que se deslinden responsabilidades».
La sociedad panameña también ha «cuestionado el proceder de indagaciones que crean suspicacia, como el otorgamiento de medidas cautelares potencialmente desproporcionadas y otras actuaciones» judiciales, indicó la cúpula empresarial.
La «polarización del país y la situación de nuestra administración de justicia (…) crea desasosiego entre la ciudadanía, implica afectaciones» a la imagen de Panamá y presenta «un escenario inestable para las inversiones», sostuvo la CCIAP.
La lentitud y polémica en relación con las investigaciones judiciales relacionadas con casos de corrupción pública de alto perfil «degeneran en innecesaria cautela en la actuación de los funcionarios actuales, y aleja a los ciudadanos honestos del servicio al país», opinó el Cámara.
«El hastío de la sociedad podría arar el camino para que falsos caudillos asuman las riendas de nuestro país», añadió el gremio de empresarios panameños.
Agregó que de cara al inicia de un nuevo año, «es imperativo que reenfoquemos nuestros esfuerzos en impulsar el ritmo del desarrollo del país, recuperar la confianza ciudadana en nuestras instituciones y elevar el prestigio de la política para construir el Panamá que queremos entregar a las futuras generaciones».
El Gobierno del presidente Juan Carlos Varela, que asumió en julio de 2014 para un período de 5 años, ha presentado al menos 200 denuncias de supuesta corrupción contra quienes fueran funcionarios de la Administración anterior, de Ricardo Martinelli (2009-2014).
El propio Martinelli enfrenta varias causas penales, una de ellas por unas escuchas telefónicas ilegales, por el que tiene orden de captura y un pedido de extradición desde Estados Unidos, donde vive actualmente.
Martinelli niega las acusaciones en su contra y denuncia una supuesta persecución política, lo que Varela rechaza.