El secuestro judicial de bienes del diario panameño La Prensa por una demanda civil interpuesta hace ocho años por un expresidente de Panamá fue calificada por el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y por otros sectores del país como propia de un sistema judicial «obsoleto e inoperante» en un «Estado fallido» que amenaza la libertad de expresión.
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El rotativo informó el sábado de que sus cuentas y acciones por valor de 1,3 millones de dólares fueron inmovilizadas por un juzgado civil en el marco de un litigio civil por daños y perjuicios, admitido en marzo de 2012.
El litigio fue iniciado por el expresidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), quien reclama 5,5 millones de dólares.
La demanda «se limita a dos publicaciones, del 21 y 22 de marzo de 2011» sobre un caso de presunto blanqueo abierto en 2009 por la Fiscalía, que involucraba a Pérez Balladares por la concesión que dio a una empresa para la explotación de máquinas tragaperras.
El caso fue sobreseído en 2011, en un fallo que fue ratificado en 2017.
La Corporación La Prensa (Corprensa) consideró en un comunicado que el secuestro de sus fondos «reprime» su continuidad operativa, lo que es «un ataque directo a la libertad de expresión y al derecho a la información».
«Estado fallido»
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Panamá dijo este domingo que la medida judicial contra Corprensa «es señal de un Estado fallido, al impedir la operatividad de los periódicos La Prensa y Mi Diario y dificultar el pago de salarios a 240 colaboradores».
El gremio de periodistas pidió al presidente panameño, Laurentino Cortizo, «que se pronuncie sobre un hecho que claramente atenta contra la libertad de expresión que su gobierno se ha comprometido en varias ocasiones a defender».
El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interameriana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, tildó de «medida desproporcionada con impacto en la libertad de prensa» la orden judicial de inmovilizar los fondos de La Prensa.
«La justicia no está funcionando»
El presidente del Colegio de Abogados de Panamá, Juan Carlos Araúz, le dijo a EFE que la controversia desatada por la decisión del juzgado civil es una demostración más de que «la Justicia no está funcionando, no por sus operadores, sino por una estructura y un marco legislativo obsoletos».
En su opinión, el retardo procesal -la acción contra La Prensa se dicta más de 8 años después de admitida la causa- es producto de una estructura en la que faltan jueces para el caudal de procesos, mientras que la calidad de la medida deriva de que ni la legislación ni los jueces han evolucionado en asuntos como la libertad de expresión.
Ciertas empresas «como las que ejercen el periodismo están revestidas de características adicionales a las de una empresa común que requieren de un análisis de proporcionalidad distinto», dijo.
«Lo conflictivo en esta situación no es el acudir a la Justicia, son los efectos que una Justicia tardía produce en los intervinientes«, consideró Araúz.
Agregó que, si bien es cierto que el expresidente tiene un legítimo derecho de acudir a tribunales, no menos cierto es que al analizar la medida de secuestro judicial «esta produce una perturbación que puede causar una limitación al ejercicio de la libertad de prensa y la libertad de expresión».
Fuente: EFE-Vanguardia