El Congreso General de la Comarca indígena Ngäbe Buglé, del que pendía el futuro del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, desaprobó el pasado sábado el acuerdo que las autoridades de la etnia firmaron con el Gobierno central y que permitiría la puesta en marcha de la generadora.
La vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel De Saint Malo, informó de que 76 de los 300 miembros del congreso votaron en contra del acuerdo y 65 a favor, en la ausencia de 159 votantes.
La construcción de la hidroeléctrica de Barro Blanco lleva un año y medio suspendida por el rechazo de sus vecinos, los indígenas ngäbe buglé, y por incumplimientos ambientales de la concesionaria, Generadora del Istmo SA. (Genisa).
En ese período, los representantes indígenas y el Gobierno trabajaron en una mesa de diálogo, con la mediación de Naciones Unidas, y alcanzaron un acuerdo para «resolver las diferencias sobre las incompatibilidades», el cual firmaron en agosto pasado y ahora debía ser ratificado por el Congreso General de la comarca.
La vicepresidenta, que representó al Gobierno en este tiempo, indicó que aunque «no hemos sido notificados mediante comunicación oficial en torno a la consideración del Congreso, en cualquier caso el Gobierno Nacional mantiene su disposición al diálogo con el Congreso y otras autoridades comarcales».
También exhortó «a los actores a debatir a profundidad los términos del acuerdo los cuales son positivos para la comarca en particular y para el país en general».
La Vicepresidencia recordó que el acuerdo firmado en la mesa de diálogo «respeta la seguridad jurídica, a la vez que respeta el derecho de los pueblos indígenas y de las comunidades aledañas».
El pacto sacaría de la operación de la hidroeléctrica a Genisa, que había conseguido la concesión en 2007 y llevó el proyecto hasta 95% de avance, y lo pondría en manos de un tercero independiente, aún por definir.
Las acciones de Genisa se traspasarían a un fideicomiso en garantía del repago de los préstamos que obtuvo del Banco el Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco DEG de Alemania y Banco FMO de Holanda.
Una vez pagados esos préstamos, se abriría la opción de que el proyecto pase a ser propiedad de una empresa del Estado en la que la comarca Ngäbe Buglé tendría una participación no menor de 51%.
Además, el acuerdo suscrito contempla la creación de un fideicomiso al que el Gobierno aportaría 15% de los ingresos brutos que tenga el proyecto, recursos que se destinarían al desarrollo de las comunidades indígenas y campesinas aledañas.
El Gobierno panameño suspendió las obras de Barro Blanco en febrero de 2015 y multó por violaciones de la ley ambiental a Genisa, que ha rechazado las alegaciones oficiales y ha pedido respetar la seguridad jurídica.
Los indígenas de la región exigían en un principio la suspensión de las obras y la demolición de la presa, cuando los trabajos estaban prácticamente finalizados.
Sin embargo, a través de la mesa de diálogo conciliaron algunos puntos con el Gobierno, que hoy recordó a través de su misiva que «se mantiene a disposición de buscar una salida dialogada, a la vez que cumplirá su responsabilidad de garantizar la seguridad jurídica».
Este sábado la vicepresidenta exhortó también a los representantes indígenas «a evitar mezclar el proyecto Barro Blanco con las políticas internas de la Comarca».
El viernes, los miembros del Congreso General decidieron destituir, con la mayoría simple de votos, a la cacica general, Silvia Carrera, quien lideró la representación de la comarca en la mesa de diálogo oficial, de acuerdo con medios locales.
Autoridades de Asuntos Indígenas del Gobierno han explicado que el procedimiento no es legítimo y excluye una serie de pasos que deben cumplirse antes de declarar destituida a la cacica, elegida por voto popular.
Barro Blanco, que comenzó a construirse en 2011, proyecta generar 28,56 megavatios, cerca de 2% de la capacidad instalada del país.