Panamá debe entregar esta semana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) un informe acerca de la situación de los casi 2.000 migrantes irregulares que permanecen en la provincia de Darién, tras denuncias de organismos internacionales de que están hacinados y en riesgo de contagiarse masivamente del COVID-19.
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La CorteIDH pidió este informe el pasado viernes, luego de que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) solicitara ante el tribunal regional “medidas provisionales de protección a favor de las personas migrantes retenidas en el centro La Peñita”, situado en Darién.
“En La Peñita no hay condiciones adecuadas, hay un hacinamiento realmente grave, no hay suficientes condiciones sanitarias para el aseo y eso implica que no existen condiciones para tomar las medidas de distanciamiento para evitar el COVID-19”, dijo este lunes a EFE la directora jurídica de Cejil, Gisela De León.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indicó que la capacidad máxima de la estación migratoria de Darién “es de 200 personas”, pero “reportaron que actualmente hay 1.766 personas migrantes retenidas, lo cual refleja una sobrepoblación de alrededor del 783 %”, citó en un comunicado el Cejil, una ONG consultora ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
La ONG también explicó que la Defensoría del Pueblo de Panamá “ha constatado” que en la estación migratoria de La Peñita “faltan colchones, agua, asistencia médica y algunos alimentos, situación que ya se evidenciaba anteriormente, pero que se ha agravado en el contexto de la pandemia”.
De León señaló que cuando el Cejil presentó su solicitud ante la CorteIDH “había casi 20 personas migrantes detenidas” en el albergue de Darién “que habían sido diagnosticadas con COVID-19”.
Según las cifras oficiales de inicios del mes de mayo, al menos 33 migrantes varados en Darién dieron positivo de COVID-19 y se encontraban aislados en carpas levantadas en la estación temporal de Lajas Blancas, situada en Darién.
El Cejil tiene como objetivo que el Estado panameño garantice la “provisión de servicios de salud incluyendo tratamiento del COVID-19, es decir, tratamiento y aislamiento si fuera necesario”.
Fuente: Telemetro