La directiva del canal de Panamá deberá comparecer el próximo 13 de marzo ante una comisión del Parlamento del país centroamericano para explicar la aprobación de ciertos proyectos, tras ser denunciada por supuesta usurpación de funciones, informaron fuentes legislativas.
El administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Jorge Luis Quijano, y diez miembros de la junta directiva de la ruta acuática fueron denunciados el pasado 17 de enero por el delito de «usurpación de funciones», que en Panamá está castigado con un pena de entre 2 y 4 años de años de cárcel.
La denuncia fue interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia por los abogados Víctor Martínez y Willy Cochez, este último embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA) entre 2009 y 2013.
La Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional decidió citar a la cúpula de la vía interoceánica después de oír los testimonios de los letrados panameños, indicó este miércoles en un comunicado el Parlamento.
«Después de escuchar los planteamientos de los abogados Cochez y Martínez es necesario escuchar de parte de los directivos sus explicaciones acerca del uso de los recursos que produce esta vía interoceánica», afirmó en el mismo comunicado el presidente de dicha comisión y diputado opositor, Nelson Jackson.
Según explicó Cochez a Efe cuando interpuso la querella, los directivos de la ruta acuática se están «extralimitando de sus funciones» y autorizando operaciones que no les compete a ellos aprobar, sino a la Asamblea, y que no tienen relación con el tráfico marítimo.
Entre estas operaciones, de acuerdo con el jurista panameño, se encuentran la venta de electricidad, la compraventa de terrenos o la promoción de proyectos de infraestructura como el puerto de contenedores de Corozal, que se levantará en el Pacífico y cuya licitación está prevista para febrero próximo.
«La Constitución Nacional dice que la ACP tiene como único deber organizar el tránsito de buques y realizar actividades complementarias como el dragado o la limpieza de riberas», indicó entonces Cochez.
La ACP reaccionó ese mismo día con un intrincado comunicado en el que explicó por qué está plenamente facultada para desarrollar actividades complementarias al funcionamiento del canal y que esto no equivale a usurparle las funciones a nadie.
La ACP es una entidad jurídica autónoma, que cuenta con patrimonio propio y que se rige y organiza de acuerdo con la Ley Orgánica del 11 de junio de 1997.