En medio de una fuerte seguridad, la expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) llegó este lunes a los tribunales federales de Buenos Aires para declarar como investigada en una causa que estudia presuntas irregularidades en la concesión de obra pública durante su mandato.
Fernández, citada por el juez Julián Ercolini a las 10.00 hora local, llegó al juzgado doce minutos después para comparecer por segunda vez ante la Justicia, luego de que en abril pasado tuviera que declarar por las operaciones en la venta de futuros de dólar en el Banco Central durante su mandato, por lo que fue procesada por el delito de «administración infiel en perjuicio de la administración pública».
El entorno de los juzgados, ubicados en el porteño barrio de Retiro y adonde se acercaron multitud de seguidores de la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), se encuentra vallado y con la presencia de más de varios centenares de efectivos de seguridad, en el marco del operativo dispuesto para su llegada.
La causa por la que fue citada Fernández investiga el supuesto diseño de un esquema de «beneficios exclusivos» a favor del grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez -cercano al fallecido expresidente Néstor Kirchner y actualmente detenido por otra causa por presunto lavado de dinero-, en detrimento de las arcas del Estado.
Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, fiscales del caso, la acusan de un presunto delito de «administración infiel» y de negociaciones incompatibles con la función pública, al tiempo que ven indicios de que existió un supuesto plan para realizar millonarias obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz (cuna del kirchnerismo) que beneficiaron a Báez.
A lo largo de noviembre se prevé que se presenten para declarar ante Ercolini altos cargos del kirchnerismo, el exministro de Planificación Federal Julio de Vido y los empresarios relacionados con el caso, incluido Báez.
Una denuncia formulada en 2008 por, entre otros la diputada oficialista Elisa Carrió -entonces opositora-, busca determinar si entre 2003 y 2015 los imputados integraron una «organización criminal» ideada para «beneficiarse ilegítimamente» con el dinero público en «consecuente y grave detrimento» de las arcas estatales.
«La obra pública en nuestro Gobierno tuvo una distribución horizontal. Estos son los principales contratistas. Auditemos todo», aseveró ayer la exmandataria en Twitter, donde publicó una lista de las adjudicaciones durante su mandato y abogó por revisar el conjunto de las licitaciones y no solo las del sur del país, donde el grupo Austral tiene mayor protagonismo.