El Gobierno de Filipinas anunció este miércoles que ha invitado formalmente a la ONU a investigar las supuestas violaciones de los derechos humanos en la campaña contra las drogas lanzada por el presidente del país, Rodrigo Duterte, al comienzo de su mandato, el 30 de junio, y que ha causado 3.860 muertes.
El secretario ejecutivo de la Presidencia, Salvador Medialdea, ha enviado una carta formal a la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, y «está esperando su respuesta», informó en una rueda de prensa el portavoz del Gobierno, Ernesto Abella.
«Palacio ha instado a la relatora de la ONU a que también incluya en sus investigaciones las muertes de (miembros de las) fuerzas del orden por supuestos drogadictos, para que tenga una perspectiva rigurosa del problema de drogas del país», agregó Abella.
Un total de 16 policías y militares han perdido la vida en las operaciones antidrogas de los últimos tres meses.
De los 3.860 drogadictos y narcotraficantes muertos en esta campaña, 1.566 lo hicieron en operaciones policiales y los demás a manos de civiles que se han tomado la justicia por su mano, según datos oficiales filipinos.
Callamard criticó en agosto a Duterte por haber ordenado al cuerpo policial disparar a matar si el sospechoso resistía el arresto durante la campaña contra la droga.
«Directivas de esta naturaleza son extremadamente irresponsables y equivale a incitación a la violencia y a matanzas, un crimen bajo la ley internacional», afirmó la relatora especial.
El polémico Duterte, de 71 años, ganó con aplastante mayoría las elecciones presidenciales del pasado 9 de mayo con, entre otras promesas, la de acabar con el problemas de las drogas en sus primeros seis meses de mandato.