El Gobierno de Filipinas restó importancia este miércoles a que el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Husein, haya pedido investigar los asesinatos que el presidente filipino, Rodrigo Duterte, admitió haber cometido en los años 80.
«Permítanme recordarles que la prensa estuvo presente en el incidente aludido por el presidente y fue en una actuación legítima de la Policía», señaló en rueda de prensa en Manila el portavoz de la Presidencia, Ernesto Abella, según la versión del diario Inquirer.
«El comisionado de la ONU es libre de expresar su opinión en este asunto», indicó Abella, y añadió que se trata de una caso que Filipinas ya investigó.
Las tres muertes que Duterte cometió a finales de los años 80 en Davao, cuando era alcalde de esa ciudad en el sur de Filipinas, son de tres delincuentes que habían secuestrado y asesinado a una misionera australiana.
Aunque no es la primera vez que el mandatario filipino reconoce en público que ha matado criminales, los comentarios que hizo la semana pasada han tenido un impacto mayor entre la comunidad internacional porque los hizo como jefe de Estado y cuando lidera una campaña contra las drogas que ha causado 6.100 muertos.
El portavoz de la Presidencia no contestó cuando se le preguntó si el Gobierno piensa presentar una queja contra los comentarios del comisionado de la ONU.
Zeid dijo el martes en Ginebra que «las autoridades judiciales de Filipinas deben demostrar que están comprometidas con mantener el Estado de derecho y su independencia del Ejecutivo abriendo una investigación por asesinato».
«Es impensable que un sistema judicial que funcione no decida lanzar una investigación y un proceso judicial contra alguien que ha admitido abiertamente ser un asesino», manifestó el alto responsable de los derechos humanos.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU sigue con atención la situación en Filipinas por los repetidos llamamientos del presidente a la policía, a los militares y al público en general para que participen en la campaña contra las drogas, que supone capturar a los supuestos criminales «vivos o muertos».
Esta agencia multilateral considera que la actitud del Gobierno de Duterte aviva la violencia y crea una situación de impunidad.
Duterte alcanzó popularidad entre los filipinos porque en los 22 años que gobernó Davao logró transformar a la ciudad en una de las más seguras del país, aunque recibiera numerosas crítica de las oenegés defensoras de los derechos humanos por crear los llamados «Escuadrones de la Muerte», que perseguían delincuentes.
Con ese cómputo y la promesa de limpiar Filipinas del narcotráfico en seis meses, el político de 71 años de edad ganó las elecciones presidenciales del 9 de mayo pasado y comenzó su mandato único de seis años el 30 de junio.
Pese a las críticas como la de la ONU y los 6.100 muertos de la campaña contra las drogas, Duterte conserva un apoyo mayoritario entre los filipinos, del 63 por ciento en las últimas encuestas.