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Fiscal pide enjuiciar al expresidente argentino Amado Boudou

Un fiscal argentino pidió este jueves elevar a juicio oral la causa por la presunta compra ilegal de una imprenta de papel moneda en la que está procesado el exvicepresidente kirchnerista Amado Boudou (2011-2015), confirmaron a la agencia EFE fuentes judiciales.

El procurador federal Jorge Di Lello solicitó la medida al juez encargado del expediente, Ariel Lijo, quien había dado ya por concluida la etapa de investigación del caso en junio, según detallaron a Efe fuentes de la Fiscalía.

El expediente investiga si Boudou adquirió la imprenta de papel moneda Ciccone Calcográfica junto a un socio en 2010 -mientras estaba al frente del Ministerio de Economía (2009-2011)-, a través de un testaferro.

Además de Boudou, en la causa están procesados su presunto socio, José María Núñez Carmona, y el supuesto testaferro, Alejandro Vandenbroele, entre otros.

La investigación apuntó también a la posible complicidad del Fisco por levantar la quiebra que pesaba sobre la empresa desde 2010 por deudas impositivas y que impedía poder celebrar contratos con la administración pública.

«La Fiscalía tuvo acreditado que Amado Boudou, como funcionario, adquirió a través de la firma TOF (The Old Fund) 70% de la firma Ciccone Calcográfica SA de parte de Nicolás Ciccone y Héctor Ciccone (antiguos propietarios), a cambio de realizar actos necesarios para salvar la empresa que se encontraba quebrada», expresó el fiscal en su dictamen.

«Para ello requirió la colaboración de Jose Maria Nuñez Carmona, Alejandro Vandenbroele, Rafael Resnick Brenner y Guido Forcieri. Cada uno de ellos cumplió un rol específico en la maniobra y en función de ello es que se le otorgó significación jurídico penal al aporte que realizaron a la conducta de Amado Boudou», prosiguió.

Además de la elevación a juicio, Di Lello solicitó al juez que cite a declarar a los extitulares del Fisco argentino, Ricardo Echegaray, y de la Casa de la Moneda, Katya Daura.

El procesamiento de Boudou en esta causa fue dictado por Lijo en 2014 por presuntos delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

El exvicepresidente tiene también otro procesamiento vigente por la presunta falsificación de la documentación de un automóvil de su propiedad.

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