La fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, informó este martes de que formuló cargos por blanqueo de capitales a las primeras 17 personas vinculadas a los sobornos pagados por Odebrecht en el país, en el marco de una investigación que involucra a la justicia panameña y suiza.
«Se han girado providencias de indagatorias y formulación de cargos a 17 personas, de los cuales hay 3 exfuncionarios, 8 empresarios panameños, 5 empresarios extranjeros y 1 oficial de la banca privada» local, dijo Porcell en una rueda de prensa.
La fiscal general denegó revelar la identidad de las 17 personas porque «la ley lo impide», pero dijo que de ser necesario se apoyará en Interpol para ubicarlas y traerlas al país.
Porcell destacó que se ha podido formular cargos por blanqueo de capitales a los primeros 17 implicados después de que Suiza levantara el lunes la confidencialidad que había en las asistencias judiciales mutuas que han compartido por este caso en el último año.
El expediente por el pago de las coimas que investiga Suiza involucra a Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), y a quienes la Justicia helvética congeló esta semana cuentas con 22 millones de dólares, confirmó el lunes el secretario general del Ministerio Público (MP-Fiscalía) Rolando Rodríguez.
El levantamiento del sigilo de la investigación suiza también amplía la cantidad de dinero que se sospecha pagó Odebrecht en Panamá.
Los primeros documentos hechos públicos, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, indican que de 788 millones de dólares que Odebrecht pagó en comisiones en distintos países, 59 fueron a parar a manos de exfuncionarios panameños y unos 6 millones a familiares de un alto cargo no identificado, entre 2009 y 2014.
Pero la investigación suiza expone nuevos datos, lo mismo que la que adelantan las autoridades brasileñas, explicó Porcell.
«Es un marco de acción muy amplio», el que maneja el MP panameño, que además tiene limitaciones jurídicas y económicas que no le permiten dar resultados rápidamente como las fiscalías de otros países involucrados, aseguró la procuradora, que pidió paciencia a la población y aseguró que el trabajo se está haciendo.
La fiscal general indicó, además, que no se limitarán a investigar el período señalado por la justicia estadounidense (2009-2014), y que las pesquisas serán las que dirán en qué administraciones gubernamentales hubo conductas delictivas.
Odebrecht ejecuta actualmente importantes proyectos de infraestructura en Panamá que superan los 3.000 millones de dólares, entre estos, la Línea 2 del Metro y la renovación urbana de la ciudad de Colón, adjudicados en la actual administración, del presidente Juan Carlos Varela.
El Gobierno panameño vetó en diciembre pasado la participación de Odebrecht en nuevas licitaciones hasta que la empresa resarza al Estado y colabore con las investigaciones judiciales en el país, pero distintas organizaciones sociales están pidiendo emprender más acciones y revelar los nombres de los supuestos sobornados.
La multinacional brasileña alcanzó ya un acuerdo judicial con los Gobiernos de EE.UU., Brasil y Suiza para pagar multas que suman unos 2.047 millones de dólares.