Las operaciones de Uber en Panamá penden de un hilo, debido al proyecto de Ley Nº 175 que obliga a los conductores afiliados a la plataforma a rotular sus vehículos, así como a restringir de forma definitiva el pago en efectivo.
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El gerente de la plataforma en Panamá, Gabriel Gutiérrez, manifestó que obligar a los socios conductores a rotular sus vehículos es improcedente, puesto que se trata de automóviles privados y no de una línea comercial, como es el caso de los taxis.
“Quieren taxificar a Uber, cuando se trata de autos privados y el 50% de los socios conductores utilizan a Uber de forma parcial. Ellos realizan otras actividades distintas al servicio de Uber. La plataforma es una opción de ingreso adicional para ellos”, dijo Gutiérrez.
También, indicó que existe mucha incertidumbre jurídica en Panamá que atenta contra las bondades del país para atraer a las Sedes de Empresa Multinacionales (SEM), régimen del que forma parte Uber desde febrero de 2019. Las SEM tienen su propio régimen fiscal especial, por ley.
“Se corre el riesgo de que más de 6 mil 900 personas pierdan un ingreso directo a través de la plataforma de movilidad y que no se pueda prestar servicio a más de 280 mil personas que usan la plataforma de Uber”, puntualizó
Gutiérrez expresó que les sorprendió el anteproyecto de ley presentado por la diputada perredista Cenobia Vargas, ya que fija regulaciones a una empresa solamente, cuando debería referirse a una industria y no a una compañía en particular.
“Estamos abiertos al diálogo para elaborar una ley que permita el avance tecnológico de Panamá y favorezca la inversión, pero no con normativas que violan derechos constitucionales como la igualdad”, agregó.
El anteproyecto, cuya redacción se refiere únicamente a la empresa Uber, fue presentado el pasado 9 de septiembre por la diputada Vargas, y está en la Comisión de Comunicación y Transporte.
Fuente: La Prensa