El ministro panameño de Gobierno, Milton Henríquez, presentó el miércoles un proyecto de ley para eliminar de dos leyes artículos que facultan a ese portafolio a sancionar a medios de comunicación social cuando con sus mensajes afectan a la mujer y a los discapacitados.
Henríquez explicó ante el pleno de la Asamblea Nacional de Diputados que la iniciativa traslada a la Justicia ordinaria la facultad de multar las publicaciones a través de los medios de comunicación «sobre todo cuando tienden a cosificar a la mujer y a hacer de las personas con discapacidad, personas de segunda categoría».
El ministro dijo que «en este sentido estamos totalmente de acuerdo con el objetivo de las leyes de defender los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, de que ninguna mujer, ni el concepto de la mujer sea cosificado a través de las publicaciones o los programas convirtiéndolas en objetos sexuales».
«Lo mismo cuando se utilizan las programaciones o contenidos para denigrar a alguna persona con discapacidad», acotó.
No obstante, aclaró, «creemos que no le corresponde al Órgano Ejecutivo sancionar a ningún medio, sino que debe corresponder al Órgano Judicial mediante un proceso sumario determinar si los medios de comunicación social han violado las normas establecidas en estas leyes y se le apliquen las sanciones correspondientes».
Reconoció que hay preocupación de las personas que temen que remitir a la Justicia estas causas generen «denegación de justicia» por la «demora en detener estas conductas de las personas que agravian» y «por eso es que pedimos un proceso sumario».
Henríquez dijo que, ni los medios ni los sectores organizados de la sociedad civil, en las conversaciones previas, aceptaron que un órgano de esos sectores evaluara previamente las violaciones a estas leyes para determinar las faltas y por ello se comprometió a presentar la actual iniciativa, que el Parlamento debe someter a tres debates antes de que sea ley.
El ministro agregó que su despacho continuará «sensibilizando» a los medios de comunicación y a las agencias de publicidad para que sean «conscientes» del daño que causa en las personas la divulgación de ese tipo de mensajes, imágenes o programas.