A poco más de un año de terminar su mandato, el Gobierno de Costa Rica decidió suavizar la reforma fiscal en la que tanto ha insistido y de paso evitó una huelga general de los sindicatos que defienden sus pluses salariales.
Primero, con el fin de hacer viable su aprobación, el Gobierno propuso el pasado jueves cambios a los proyectos de ley que pretenden reformas al impuesto sobre la renta y convertir el impuesto de ventas en uno de valor agregado (IVA).
La propuesta original del Gobierno del presidente costarricense, Luis Guillermo Solís, era convertir el impuesto de ventas del 13% en un IVA del 15% que además aumenta la base de productos y servicios por gravar.
Ante la negativa de la oposición de apoyar el proyecto, el Gobierno propuso a los diputados crear el IVA y mantenerlo en 13%, pero siempre aumentando la base de productos y servicios sujetos al tributo. Para los servicios de salud y educación privados habría un IVA diferenciado del 4%.
Otro planteamiento es el de aumentar en un punto porcentual el impuesto selectivo de consumo y fijar una tarifa del 12 % a las ganancias de capital.
Desde su llegada al Gobierno en mayo de 2014 el presidente Solís ha insistido en la urgencia de tramitar proyectos tributarios que ayuden a paliar el déficit fiscal que en 2016 cerró en el 5,2% del Producto Interno Bruto (PIB), cifra menor a la del 2015 cuando fue del 5,6%.
Los proyectos más polémicos son el del IVA, el de las reformas al impuesto sobre la renta y el de Empleo Público, este último apoyado por la oposición y el sector empresarial, pero rechazado por los gremios sindicales.
Los sindicatos habían anunciado una huelga a partir de mañana debido a que el Gobierno había convocado a discusión en el Congreso el proyecto de ley de Empleo Público, el cual busca reducir pluses salariales como anualidades, años de cesantía, dedicación exclusiva, entre otros, y que entraría a regir solo para nuevos trabajadores.
Esta iniciativa es exigida por la oposición como una manera de demostrar que el Gobierno quiere reducir sus gastos.
Sin embargo, el pasado viernes, el Gobierno retiró del Congreso el proyecto y los sindicatos cancelaron su llamado a la huelga que afectaría servicios como los de salud y educación.
En un pronunciamiento emitido el lunes el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas, celebró el triunfo de los trabajadores sobre lo que considera como una ofensiva «neoliberal», «antidemocrática» y violadora de los derechos humanos de los empleados públicos
«La discusión fiscal y tributaria es de otra naturaleza. Si bien incluye el tema del empleo público, cuyo sistema salarial no guarda relación con el déficit fiscal, es una discusión más integral y más profunda pues no solamente pasa por la naturaleza del sistema tributario, sino que va más allá: el modelo de Estado para fomentar una sociedad realmente inclusiva y transparentemente justa», afirmó Vargas.
Según la ANEP, los salarios no son los culpables del déficit, si no la evasión fiscal que ronda el 8% del PIB.
El Congreso aprobó el año pasado leyes fiscales como una que endurece controles y sanciones contra el fraude fiscal, que además crea un registro de acciones de las sociedades, otra que establece un impuesto a las sociedades anónimas y otra para castigar con más dureza el contrabando.
El Gobierno ha alertado en numerosas ocasiones que debido al déficit el nivel de deuda del país ha venido creciendo a un punto «preocupante», pues se calcula que en 2016 cerrará en en 46% del PIB y en 50% en el 2017 si no se aprueban las reformas tributarias.
Recientemente la empresa Fitch Ratings estableció una baja en la calificación de la deuda a largo plazo de Costa Rica.
Ante este panorama el Gobierno ha optado por suavizar su postura e impulsar cambios fiscales menos ambiciosos con el objetivo de hacer más viables los proyectos.
El Gobierno pidió a las fracciones legislativas una respuesta a las variantes propuestas para el 2 de febrero.
La reforma fiscal, aunque impopular, ha sido uno de los caballos de batalla del presidente Solís para dejar algo más sanas las finanzas del Estado para cuando deje el cargo en mayo de 2018.