José Manuel y Samuel Morales, hijo y hermano, respectivamente, del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, implicados en un caso en el que se investigan adjudicaciones irregulares, quedaron este miércoles bajo arresto domiciliario.
La jueza encargada del caso, Silvia de León, notificó este miércoles a las partes la decisión adoptada la semana pasada por la Sala Tercera de Apelaciones y reiteró a ambos que tienen prohibido salir del departamento Guatemala y que deben acudir a la Fiscalía cada 15 días.
José Manuel Morales Marroquín, de 23 años, y Samuel Morales estaban en prisión preventiva desde el pasado 18 de enero, cuando un Juzgado de Guatemala los procesó por su implicación en tres adjudicaciones irregulares en el Registro General de la Propiedad (RGP), por valor equivalente a unos 26.000 dólares, en 2013.
Ambos estaban en prisión preventiva desde el pasado 18 de enero, pero este miércoles, tras pagar una fianza de 100.000 quetzales (unos 13.000 dólares), quedaron en libertad, con la prohibición también de acercase a la sede del RGP, epicentro del caso de corrupción.
Según la investigación, José Manuel y Samuel no se beneficiaron económicamente de las tres compras realizadas de manera irregular, pero la Fiscalía les imputó el delito de fraude al entender que hicieron un «favor ilícito» para beneficiar al exsuegro del hijo del mandatario, Mario Estuardo Orellana López, quien fue detenido y también será procesado por el mismo cargo.
Por este motivo, y entendiendo que existe peligro de obstrucción a la investigación -aún en curso-, la jueza De León, encargada de la causa y titular del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, había dictado para los tres prisión preventiva mientras la Fiscalía no terminara la investigación, periodo que durará hasta finales de marzo.
Estos tres eventos irregulares fueron descubiertos por las autoridades en el marco de una investigación mayor que reveló que entre enero de 2012 y mayo de 2015 se autorizó la firma de 16 contratos laborales anómalos en el RGP, conocidos como «plazas fantasmas» (ficticias), los cuales recibieron más de 3 millones de quetzales (unos 400.000 dólares) como remuneración por un trabajo no realizado.
Por esta trama es procesada más de una veintena de personas, entre ellas la extitular de la entidad Anabela de León.
La jueza dijo que estas medidas cautelares serán notificadas a la Dirección General de Migración para que se hagan efectivas y pidió además a los procesados cumplirlas, a lo que ambos asintieron.
Otra de las resoluciones de la Sala dictada la semana pasada fue revocar la falta de mérito decidida por el juzgado por el delito de lavado de dinero y otros activos contra Samuel y Estuardo Orellana, algo que aceptó hoy la jueza de la causa, y que ahora permitirá a la Fiscalía investigarlo.
Orellana no quedó bajo arresto domiciliario por la imposibilidad de pagar la fianza en efectivo.
Medios locales aseguran que Samuel y José Manuel podrían salir de la cárcel de Matamoros esta medianoche.