Lee Jae-yong, heredero de Samsung y vicepresidente, fue interrogado este lunes por segunda vez como sospechoso de un delito de soborno en el marco del caso de corrupción y tráfico de influencias de la «Rasputina».
El líder de facto de la mayor compañía surcoreana se presentó en la oficina en Seúl del equipo de fiscales que trata de esclarecer si el conglomerado dio apoyo financiero a Choi Soon-sil, apodada la «Rasputina surcoreana» y considerada cerebro de la trama, a cambio de apoyo estatal en un acuerdo de fusión de dos de sus filiales.
«También voy a decir estrictamente la verdad durante el interrogatorio», dijo el directivo de 48 años a su llegada a la fiscalía en declaraciones recogidas por la agencia local Yonhap.
Lee fue interrogado por primera vez el 12 de enero en relación al caso «Rasputina» por la fiscalía surcoreana, que solicitó una orden de arresto bajo cargos de soborno, malversación y perjurio.
Ésta fue rechazada por un tribunal local al considerar que no se logró aclarar si las donaciones se hicieron en el marco de una cadena de favores.
La fiscalía, que sopesa volver a pedir una orden para detener al directivo, considera que Lee instruyó a su empresa a donar decenas de millones a fundaciones controladas por Choi.
La donación se habría hecho a cambio de que el Gobierno apoyara, a través del fondo nacional de pensiones, una controvertida fusión de dos subsidiarias de Samsung -una de las cuales está participada por el mencionado fondo- abanderada por la familia Lee pero criticada por un fondo de alto riesgo.
Lee y otros responsables de Samsung han admitido haber abonado unos 43.000 millones de wones (35 millones de euros/ 37 millones de dólares) a entidades supuestamente controladas por la «Rasputina» -apodada así por su cercanía con la presidenta Park Geun-hye-, pero niegan que fuera para lograr apoyo en el proceso de fusión de 2015.
Lee Jae-yong tomó las riendas del conglomerado el pasado octubre después de que su padre, Lee Kun-hee, sufriera un infarto en mayo de 2014 que aún lo mantiene hospitalizado y sin habla.
Choi permanece detenida desde octubre al considerarse que, con la connivencia de Park, confabuló para crear una red de corrupción en la que están aparentemente involucrados la presidenta, miembros de su Gobierno y los principales conglomerados empresariales del país.
El Parlamento surcoreano aprobó en diciembre destituir a Park; la decisión final está ahora en manos del Tribunal Constitucional, que tiene hasta junio para decidir a favor o en contra del proceso.