Un juez peruano dio este sábado un plazo de diez días a Nadine Heredia, la esposa del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), para que renuncie a la FAO y regrese al Perú, bajo la advertencia de ordenar una medida más drástica a pedido de la fiscalía.
El juez Richard Concepción Carhuancho, a cargo del caso, declaró, en principio, infundadas las solicitudes de la fiscalía para que ordene la prisión preventiva para Heredia, así como de la defensa de la ex primera dama para que se le permita cumplir con la orden de comparecencia desde Suiza.
«Se le requieren diez días naturales para que retorne, en caso contrario el fiscal podrá pedir una medida más gravosa en caso de incumplimiento del requerimiento que le está imponiendo este despacho», precisó el juez.
Tanto el fiscal Germán Juárez como el abogado Eduardo Roy Gates apelaron la resolución, por lo que el caso deberá ser resuelto ahora por la Sala Penal Nacional de la Corte Suprema.
El juez Carhuancho enfatizó que Heredia, cuyo nombramiento como funcionaria de la FAO ha sido rechazado por las autoridades peruanas, «en principio no habría violado norma de conducta alguna» al aceptar ese cargo y viajar a Europa.
«No obstante lo anterior, se reitera que la investigada está con comparecencia con restricciones y que debe mantener arraigo en el Perú, domicilio en el Perú y trabajo en el Perú, no en el extranjero», señaló.
Reiteró, en ese sentido, que «se le requiere que retorne en diez días al Perú» y consideró que ese es un «tiempo suficiente para que se desvincule» de su trabajo en la FAO.
El nombramiento de Heredia como funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Ginebra, y su salida del país para asumir el cargo, han sido recibidos con indignación en Perú, donde el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski expresó su profundo rechazo por esta decisión que se tomó sin su consentimiento por «interferir en un proceso judicial».
Heredia es investigada en Perú por la presunta comisión del delito de lavado de activos en una supuesta financiación irregular del Partido Nacionalista Peruano (PNP), fundado y presidido por ella y su esposo durante las campañas electorales de 2006 y 2011.
Entre las acusaciones que se le hacen está supuestamente haber recibido dinero del fallecido expresidente de Venezuela Hugo Chávez para la campaña electoral de Humala en 2006, y de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS, producto de supuestos actos de corrupción en ese país, para la campaña del 2011.
En la investigación fiscal están incluidas cuatro agendas que la ex primera dama denunció que le fueron sustraídas ilegalmente de su domicilio y que aparentemente contienen una contabilidad de las finanzas del Partido Nacionalista.
El expresidente Humala afirmó hoy que existe una «clara interferencia del Poder Ejecutivo para, de alguna manera, presionar al Poder Judicial» en el caso de su esposa y consideró que el pedido fiscal para que se dicte prisión preventiva era «una medida desproporcionada» y puede hacer pensar que «en el Perú habría una persecución política.»