La Fiscalía de la Confederación Helvética, registró las oficinas en Zúrich de la empresa pública de armamento suiza RUAG en busca de información sobre unos supuestos contratos fraudulentos con el Gobierno Rusia.
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El propio portavoz de la Fiscalía, André Marty, confirmó la información del registro a varios medios helvéticos y afirmó que los agentes se incautaron de datos y material.
La Fiscalía abrió un procedimiento penal a petición de la propia empresa por violación de la ley sobre material de guerra, y por gestión comercial y conducta desleal.
Inicialmente un delator denunció los hechos sospechosos y al ser consciente de la denuncia, la propia compañía presentó una demanda penal ante la Fiscalía y abrió una investigación interna.
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Supuestamente, un empleado de la división de municiones Ammotec de la compañía helvética y el responsable ruso del banco suizo Julius Baer firmaron acuerdos de armamento por un valor de varios millones de dólares con Rusia durante años y a escondidas de sus respectivos jefes.
Las ventas sospechosas serían equipamiento técnico y armas para los servicios de protección del presidente ruso, Vladímir Putin y de su Gobierno.