El Tribunal Superior de Londres celebró este jueves la primera sesión de un proceso que determinará si el Gobierno de la primera ministra, Theresa May, tiene legitimidad para ejecutar el «brexit» sin el permiso explícito del Parlamento.
Diversos ciudadanos han iniciado un procedimiento que obliga a los jueces a examinar el alcance de los poderes constitucionales del Ejecutivo y que, de prosperar, obligaría a May a someter a votación la activación del Artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia la desconexión con la Unión Europea (UE).
Los abogados contratados por la empresaria Gina Miller y un grupo autodenominado «People’s Challenge» (El desafío del pueblo), que ha recogido fondos de miles de personas a través de internet, argumentaron en contra del Gobierno ante los tres magistrados del tribunal.
La ambigüedad del Artículo 50 del Tratado de Lisboa, que establece que un Estado puede dejar la Unión Europea «de acuerdo con sus propios requerimientos constitucionales», ha llevado a un desacuerdo entre los expertos legales en un país que no tiene constitución escrita.
El proceso «pone de manifiesto un problema de importancia constitucional en relación a los límites del poder del Gobierno», sostuvo el abogado David Pannick, para quien la Prerrogativa Real que autoriza a la primera ministra a tomar decisiones en nombre de la soberana británica no es suficiente en este caso.
El fiscal general para Inglaterra y Gales, Jeremy Wright, al frente del equipo legal de May en este caso, ha sostenido que el referéndum sobre el «brexit» del 23 de junio, cuya convocatoria fue aprobada por la Cámara de los Comunes, es suficiente mandato para que May inicie la desconexión con la UE.
«El resultado (de la consulta) debe ser respetado, y eso es lo que pretende hacer el Gobierno. No debe haber ningún intento por seguir dentro de la Unión Europea, ni ningún intento de volverse a unir por la puerta de atrás, ni un segundo referéndum», consideró el fiscal.
El lunes está prevista una segunda sesión de un proceso en el que ambas partes podrán recurrir la decisión de los jueces y que previsiblemente terminará en el Tribunal Supremo, última instancia en el Reino Unido, que podría dictar sentencia antes de fin de año.
Una decisión contraria al Gobierno implicaría que May no podría activar el Artículo 50 antes del fin del primer trimestre de 2017, tal como ha anunciado, sin antes pasar por la Cámara de los Comunes.
Para Pannick, el Ejecutivo no puede ejecutar de forma unilateral una acción que privaría a los ciudadanos británicos de derechos adquiridos en 1972.
«Muchos de los derechos que la señora Miller (su representada) y otros disfrutan actualmente quedarán borrados si se da la notificación» para activar la negociación de dos años para salir de la UE, advirtió el abogado.
«Por ejemplo, la libertad de movimientos, su derecho a la libre circulación de bienes y su derecho a la libertad de servicios en toda Europa», señaló el letrado, que subrayó que una vez se comunique a Bruselas la intención del Reino Unido de dejar la Unión no se puede dar marcha atrás.
Esta semana, el Partido Laborista, primero de la oposición en el Reino Unido, urgió al Gobierno a someter a votación su estrategia negociadora de cara al «brexit», ante el temor a que la primera ministra opte por renunciar a los privilegios del mercado único para limitar la entrada de comunitarios.
Ante la presión recibida, May aceptó convocar un debate parlamentario sobre la cuestión, aunque rechazó someter a votación cualquier aspecto sobre la ruptura con el bloque común.
La atención despertada por la vista en el Tribunal Superior hizo que la corte tuviera que habilitar dos salas anexas para que los periodistas y el público pudieran seguir la sesión a través de pantallas.
En el exterior del tribunal, diversos manifestantes con banderas europeas mostraban su apoyo a los ciudadanos que reclaman una votación en el Parlamento, mientras que otros repartían panfletos con el lema: «Invocad ya el artículo 50».