El expresidente panameño Ricardo Martinelli, encarcelado por acusación de espionaje contra opositores durante su gobierno, demandó a la vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel De Saint Malo, a la que exigió la separación de su cargo y el pago de 20 millones de dólares por supuestos daños y perjuicios en su extradición desde Estados Unidos.
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Así lo expresa una querella penal introducida por Martinelli a través de sus abogados Alejandro Pérez y Alma Cortés el pasado lunes contra de Saint Malo de Alvarado por la supuesta comisión de los delitos contra la administración pública, «en la modalidad de omisión en el ejercicio de sus funciones y vulneración del derecho de defensa«.
Alma Cortés, abogada defensora del expresidente (2009-2014), informó a medios internacionales que la querella fue presentada ante el Parlamento, organismo que en el marco de la ley puede procesar a la cabeza del Ejecutivo por los delitos «contra la administración pública, violación a la Convención Americana de Derechos Humanos y violación a la personalidad interna del Estado».
La querella se sustenta en que «a juicio de la defensa de Ricardo Martinelli«, la vicepresidenta y canciller «ha incumplido sus deberes como servidora pública» al no haber garantizado «salvaguardar y proteger» panameños en el extranjero, en relación a la detención y encarcelamiento del expresidente de 66 años en Estados Unidos.
Martinelli fue entregado a las autoridades panameñas el pasado 11 de junio por Estados Unidos, donde estuvo preso un año en una cárcel federal de Miami en razón del pedido de extradición por la causa de la supuesta interceptación ilegal de las comunicaciones a más de un centenar de personas durante su mandato.
De Saint Malo habría incurrido en una supuesta discriminación al no haber enviado «jamás» a Estados Unidos una delegación oficial que verificara las «condiciones de detención de Martinelli,o si se estaban garantizando sus derechos».
«El señor Martinelli sufrió (…) en esa cárcel de máxima seguridad» estadounidense, «no fue
atendido por médicos de sus enfermedades crónicas«, que en consecuencia «se agravaron», sostuvo la abogada defensora de Martinelli.
Asimismo Cortés afirmó que el traslado del expresidente a Panamá estuvo rodeado de irregularidades, entre ellas que su coordinación permitió que «invadieran el territorio nacional delegando todo el ejercicio en las autoridades norteamericanas».
Una vez en territorio nacional, Martinelli «inmediatamente debió haber sido puesto a órdenes» del magistrado juez de Garantías de la causa de las escuchas, Jerónimo Mejía, «y no someterlo a tortura de ser aprehendido por los organismos de seguridad»
«También se omitió que estuvieran presentes sus médicos especialistas» al llegar al país, cuando fue recibido por «un simple médico general«, y tampoco «se le permitió que desde el primer momento que fuera asistido por sus abogados«, sostuvo Cortés.
«Se hizo una cuantificación de los daños ocasionados por este mal trámite, hasta doloso, que se hizo con toda la intención de dañar el nombre de Ricardo Martinelli (…) se está solicitando un resarcimiento de 20 millones de dólares», concluyó la abogada.
FUENTES: lavanguardia.com, prensa.com