Los magnates de las ocho grupos más poderosos de Corea del Sur, entre ellos Samsung y Hyundai, acudieron este martes al Parlamento para explicar su implicación en el caso de la «Rasputina», la amiga de la presidenta Park Geun-hye a la que donaron decenas de millones de dólares sin un motivo claro.
En una sesión televisada en las principales cadenas del país, diputados de la Asamblea Nacional preguntaron a los empresarios para qué aportaron fondos millonarios a las fundaciones Mi-R y K-Sports dirigidas por Choi Soon-sil, la amiga y confidente de la presidenta, a la que se le acusa de ser su cómplice.
Los líderes de los conglomerados empresariales -entre los que se encuentran Samsung, Hyundai, LG o Lotte- respondieron casi siempre con evasivas a la pregunta más repetida del día: ¿fueron coaccionados por la presidenta y su amiga para realizar las donaciones, o recibieron favores a cambio?
Todos ellos negaron haber recibido favores, pero algunos sugirieron supuestas presiones desde la cumbre del poder, lo que podría arrojar luz sobre la implicación de la jefa de Estado en este mayúsculo escándalo que ha revolucionado al país.
«Para las corporaciones es difícil rechazar una petición de la Casa Azul (de Presidencia)», afirmó durante la sesión Huh Chang-soo, presidente del más pequeño Grupo GS que acudió como líder de la patronal, la Federación de Industrias Coreanas (KFI) a la que también salpica este enorme escándalo.
Le respaldó el presidente del Grupo LG, Koo Bon-moo, al añadir que las empresas «no tienen otra opción que seguir las políticas del Gobierno».
En todo caso, el gran protagonista de la sesión de este martes fue Lee Jae-yong, vicepresidente de Samsung Electronics y líder de facto del Grupo Samsung, que esquivó como pudo la lluvia de preguntas de los diputados.
Samsung, la mayor corporación del país, también realizó la contribución más generosa a las fundaciones, unos 20.000 millones de wones (15,9 millones de euros, 17,1 millones de dólares).
«Nunca hemos aportado apoyo o donaciones a cambio de algo», sentenció el heredero de Samsung.
Lee respondió con evasivas a la mayoría de las preguntas y aseguró que no recuerda haber entregado donaciones expresamente a la «Rasputina», aunque sí reconoció que Samsung «tiene cosas que corregir», sin ofrecer más detalles.
Los diputados también le preguntaron por qué el grupo financió con más de 4.000 millones de wones (3,17 millones de euros, 3,42 millones de dólares) la carrera de Jung Yoo-ra, amazona profesional e hija de la «Rasputina».
Lee admitió que la empresa costeó el caballo de la joven, valorado en 1.000 millones de wones (795.000 euros, 855.000 dólares), aunque aseguró haberse enterado a posteriori.
En cuanto a las sospechas de supuestos favores de organismos públicos para facilitar las fusiones y adquisiciones del Grupo Samsung, el empresario las negó y aclaró que la reestructuración no está relacionada con su sucesión en el poder desde que en 2014 cayera enfermo su padre, Lee Kun-hee.
La sesión de hoy en la Asamblea Nacional se considera histórica, ya que nunca antes habían comparecido en una audiencia pública los líderes de los grandes conglomerados o «chaebol» que ostentan un elevado poder económico en Corea del Sur.
El simple hecho de que haya podido celebrarse responde al extremo revuelo político y social generado por el caso Choi Soon-sil, que ha llevado a los fiscales a registrar decenas de organismos y empresas y a millones de personas a salir a la calle para pedir la dimisión de la presidenta en protestas masivas.
Park, cuya impopularidad ha batido récords históricos desde que fuera señalada como «cómplice» por los fiscales, ha aceptado dimitir voluntariamente en abril, según revelaron en la audiencia dos altos directivos de su partido (Saenuri) tras reunirse con ella horas antes.
No obstante, la oposición y parte de Saenuri han adelantado que votarán a favor de un proceso de destitución de la jefa de Estado en la votación que tendrá lugar el viernes en la Asamblea Nacional.
De aprobarse el «impeachment» con al menos dos tercios de los 300 votos del Parlamento, requerirá el visto bueno del Tribunal Constitucional, algo que podría llevar entre uno y seis meses.