La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lamentó la decisión del Gobierno nicaragüense de poner fin a la misión de investigación de esta entidad en el país centroamericano.
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“Lamentamos la expulsión de nuestro equipo un día después de haber publicado nuestro informe. Mientras tanto, la protección de los civiles es cada vez más difícil” al quedar limitados el acceso y control de la comunidad internacional, denunció en rueda de prensa la portavoz del organismo, Liz Throssell.
“En semanas recientes, se ha criminalizado a la disidencia y en los medios de comunicación afines al Gobierno se ha tachado de terroristas a los que protestan”, agregó.
La expulsión se produjo después de que la misión publicó un informe en el que apuntaba al Estado nicaragüense como máximo responsable de la vulneración de derechos humanos en el país y del “alto grado de represión” estatal de las protestas contra el Gobierno, en las que se han registrado “más de 300 muertos y 2.000 heridos” desde abril pasado.
La portavoz aseguró que el equipo de la ONU, que había entrado en Nicaragua invitado por su Gobierno, abandonó el país el día 1 de septiembre y que la Oficina pretende seguir vigilando lo que ocurra allí de forma remota.
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Consultada sobre la capacidad real de llevar a cabo esa vigilancia a distancia, dado que muchos de los activistas y defensores de derechos humanos han sido detenidos, Throssell respondió que su oficina regional en Panamá tiene una red de informantes tejida a lo largo de los años y que harán lo máximo posible para saber lo que ocurre exactamente en Nicaragua.
Fuente: El Carabobeño