La justicia brasileña decidió este jueves que el exgobernador de Río de Janeiro Anthony Garotinho, detenido la semana pasada por sospechas de fraudes electorales, permanecerá bajo un régimen de libertad vigilada mientras responde al proceso.
La decisión fue tomada por el Tribunal Superior Electoral, que además de concederle ese beneficio, le impuso a Garotinho una fianza de 88.000 reales (unos 25.800 dólares) y una serie de restricciones a sus movimientos, que deberán ser consultados con las autoridades.
El tribunal entendió que la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía y ejecutada por la Policía Federal la semana pasada «no se justifica», pues no se ha comprobado que el acusado haya intentado obstaculizar la acción de la justicia o incurrir en otros delitos.
Garotinho fue gobernador de Río de Janeiro entre 1999 y 2002 y tras dejar ese cargo, en el que fue sucedido por su esposa Rosinha Garotinho, llegó a ser candidato a la presidencia de Brasil por el Partido Socialista y quedó en tercer lugar.
Fue acusado de dirigir una trama de corrupción en el marco de las elecciones municipales celebradas el pasado octubre, mediante la cual se habría repartido dinero entre electores para que votaran por determinados candidatos.
Tras su arresto, tuvo un colapso nervioso y debió ser ingresado en un hospital, pero recibió el alta un día después y fue trasladado al presidio de Bangú, en medio de una fuerte resistencia tanto suya como de algunos de sus familiares.
Por una decisión judicial volvió al hospital, donde fue sometido a un cateterismo y luego trasladado a su residencia, pero bajo un régimen de detención domiciliaria, que ahora ha cambiado por el de libertad vigilada.
La semana pasada, un día después del arresto de Garotinho, la Policía Federal detuvo a otro exgobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral (2007-2014), acusado de fraudes con contratos que le habrían valido unas comisiones ilegales por el orden de los 66 millones de dólares.
A diferencia de Garotinho, Cabral permanece desde su detención en el presidio de Bangú, un penal con capacidad para unos 15.900 presos que hoy se calcula que alberga a cerca de 27.000 detenidos y cuya administración estuvo en su época entre sus responsabilidades de gobierno.