El Parlamento de Panamá aprobó una legislación «modelo internacional» sobre transparencia fiscal que obliga a las personas jurídicas constituidas en el sistema legal panameño a llevar registros contables y tener su documentación de respaldo, indicó el jueves una fuente oficial.
Se trata del Proyecto de Ley 383 que aprobó el miércoles, en tercer y último debate, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), con el que Panamá pasará a ser considerado país cumplidor en esta materia y lo alejará de medidas discriminatorias fiscales «nefastas» para la economía nacional, informó la Cancillería dePanamá.
La obligación incluye además a fundaciones de interés privado.
El proyecto de ley señala que los registros contables son los datos que indican clara y precisamente las operaciones comerciales de las personas jurídicas, sus activos, pasivos y patrimonio que permitan determinar su situación financiera y la preparación de sus estados financieros.
También hace referencia a los contratos, facturas, recibos o cualquier otra documentación necesaria para la sustentación de las transacciones realizadas por una persona jurídica.
La ley establece que los registros contables deben ser llevados por un periodo de cinco años y podrán ser exigidos por la Dirección de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas a través de los agentes residentes.
Dispone asimismo un procedimiento para la suspensión de los derechos corporativos, su reactivación y la disolución de las personas jurídicas.
La iniciativa de ley, según el Gobierno, pacta el compromiso adquirido en 2002 durante su participación en el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información Fiscal.
El Gobierno panameño reactivó este compromiso en 2010 al aprobar la adopción de los términos de referencia en que se establecen los estándares internacionales en temas de transparencia e intercambio de información, según la información oficial
A raíz del escándalo conocido como papeles de Panamá, que reveló la existencia de miles de empresas «offshore» en 21 territorios de todo el mundo constituidas a lo largo de 40 años por el bufete panameño Mossack Fonseca, Francia volvió a incluir al país centroamericano en su lista de paraísos fiscales.
Con esta nueva legislación estándar internacional, Panamá pasará a ser un país cumplidor en la cooperación fiscal, lo que lo alejará de medidas discriminatorias fiscales, de retenciones sobre pagos a personas o compañías residentes en el país, y del condicionamiento de préstamos y financiaciones de organismos financieros, señaló el vicecanciller encargado, Luis Miguel Hincapié, ante la AN.
Hincapié confirmó en agosto pasado que Panamá ya había presentado ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el pedido formal para sumarse al mecanismo multilateral de intercambio de información fiscal, lo que reafirmaba el compromiso del país con los estándares internacionales.
La OCDE busca que a partir de 2017 cerca de 100 países y regiones puedan intercambiar información sobre cuentas de no residentes con las autoridades fiscales del país de residencia de los titulares de las mismas.