Las Fiscalías de Brasil y Panamá firmaron en Lisboa un compromiso para actuar con eficiencia y transparencia en las investigaciones del caso Lava Jato, para el cual se han pedido mutua colaboración, informó el Ministerio Público panameño.
En una reunión bilateral celebrada el pasado 11 de octubre, los procuradores de Brasil y Panamá, Rodrigo Janot y Kenia Porcell, respectivamente, firmaron una declaración en la que aseguran haber consensuado «las medidas para avanzar en la asistencia judicial» en el contexto del caso Lava Jato, la mayor operación contra la corrupción en la historia del país suramericano.
En el comunicado, firmado en el marco de la XXIV Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, en Portugal, los fiscales generales «dan por iniciada una nueva etapa de colaboración, sustentada en la buena voluntad, la transparencia y la búsqueda de la eficacia y la eficiencia en las investigaciones penales».
El pasado septiembre una delegación de fiscales panameños viajó a Brasil para tratar las asistencias judiciales que se han solicitado mutuamente ambos países, sobre todo después de que Panamá pidiera detalles a Brasil sobre su solicitud que no habían sido precisados.
Sin embargo, medios locales panameños reportaron que los fiscales no fueron recibidos como esperaban porque supuestamente su viaje fue improvisado y los fiscales brasileños no les brindaron la información que buscaban.
El pasado 22 de septiembre, la Procuraduría de Panamá pidió a Brasil precisar su requerimiento de asistencia relacionada con el caso Lava Jato.
En ese momento, el secretario general de la Procuraduría, Rolando Rodríguez, dijo que los requerimientos de la petición tenían que ser pormenorizados «toda vez que pudieran en un momento dado afectar el derecho de un tercero que no está involucrado».
Agregó que de manera «reiterada y formal» se ha instado directamente a los fiscales de Brasil que hicieron la solicitud que vinieran a Panamá para brindarles la información, sin que esto sucediera, por lo que los panameños decidieron ir al país del sur.
El caso Lava Jato (Lavado de coches), que en marzo pasado cumplió dos años como la mayor investigación policial de la historia de Brasil, involucra, entre otros, al expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y a la empresas brasileñas Petrobras y Odebrecht, esta última partícipe del consorcio que construyó en Panamá la primera línea del metro y que trabaja en la segunda.
El exmandatario, denunciado por corrupción y lavado de dinero, fue acusado por la Fiscalía de ser el «máximo comandante» de la red corrupta que desvió millones de la petrolera estatal Petrobras entre 2004 y 2014, por la que ya han sido condenados políticos, ejecutivos de la petrolera y directivos de la compañía.
Los fiscales brasileños supuestamente pidieron asistencia judicial a las autoridades panameñas para obtener información sobre el movimiento de cuentas bancarias abiertas en este país y que pueden haber sido utilizadas por la constructora Norberto Odebrecht para pagar sobornos a autoridades de varios países donde ejecutan obras, entre ellos Panamá, según versiones de la prensa local.
El MP panameño también trabaja en una asistencia judicial solicitada por Suiza por posibles actos de soborno que vinculan al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) y a sus hijos en la investigación que se le hace a Odebrecht en el país europeo, de acuerdo con una investigación del canal local TVN.
Martinelli, quien vive en Miami (EE.UU.), tiene abiertas seis investigaciones en la Corte Suprema de Justicia de Panamá, que lo requiere internacionalmente para que comparezca en un caso sobre escuchas ilegales durante su mandato.