El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá (Mitradel) defenderá en una comisión especial los derechos y las necesidades de aquellos trabajadores afectados por el mayor envenenamiento por dietilenglicol de la historia, provocado por un jarabe distribuido hace una década en el país.
La comisión, que se creará próximamente, también ayudará a buscar trabajo a aquellos afectados por el jarabe que se encuentran actualmente desempleados, explicó el ministerio en un comunicado.
El grupo de trabajo, que estará integrado por autoridades del Mitradel y del Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y la Vida, se reunirá dos veces al mes, detalló el texto.
«Les vamos a ofrecer todo el apoyo, tenemos abogados muy capaces pagados por el Estado para que defiendan los derechos de los trabajadores», indicó el ministro Luis Ernesto Carles.
El caso, que dio la vuelta al mundo y generó un gran revuelo en Panamá, se remonta al año 2003, cuando la estatal Caja del Seguro Social (CSS) compró cerca de 9.000 kilos de supuesta glicerina pura a la empresa panameña Medicom, que a su vez adquirió la mercancía a la farmacéutica española Rasfer Internacional S.A., que la trajo desde China.
Con esa supuesta glicerina pura, la CSS elaboró un jarabe para la gripe, que resultó no ser apto para el consumo humano porque contenía dietilenglicol, una sustancia altamente venenosa que se utiliza principalmente como refrigerante industrial.
Las autoridades sanitarias distribuyeron por el país más de 200.000 frascos del «jarabe de la muerte», pero no fue hasta el año 2006 cuando se empezaron a identificar los primeros casos de envenenamiento.
Hasta el momento, las autoridades han reconocido 170 muertes y más de 1.300 afectados, aunque se cree que la cifra podría ser ocho veces mayor.
La Justicia panameña imputó a cerca de una treintena de personas, pero absolvió a más de la mitad y finalmente solo condenó a 1 y 5 años de cárcel a cuatro exfuncionarios y al empresario panameño Ángel Ariel De La Cruz Soto, respectivamente.