El pleno del Asamblea Nacional de Panamá inició el debate del quinto, último y más polémico bloque del paquete de reformas que buscan transparentar el sistema electoral y acabar con prácticas clientelistas.
Los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron antes las otras cuatro partes y dejaron para esta etapa final los temas más agudos: la financiación pública y privada de las campañas, las limitaciones de los servidores públicos que aspiran a nuevos cargos, las listas circuitales, faltas electorales por clientelismo, entre otros.
En cuanto a topes a las donaciones y fondos por tipo de elección, el debate parece inclinarse por la financiación mixta, con un aporte público de entre el 0,5% y 1% de los ingresos corrientes estatales del año anterior.
Cuestionado este lunes por los diputados, el magistrado Eduardo Valdés Escoffery abogó por la opción mixta como la más «factible», porque el abordaje total por parte del Estado es muy costoso -por encima de los 80 millones de dólares- e implicaría un cambio cultural «que no solo viene de la clase política».
En el caso de las presidenciales, la propaganda electoral se pagaría exclusivamente con dinero público, un paso amplio, porque «históricamente en Panamá el 80% del costo de una campaña electoral es publicidad», dijo a Efe el secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD-opositor), Pedro Miguel González.