«Es importante que la sociedad panameña mantenga la confianza en lo que estamos haciendo, les digo nuevamente: confíen en su Ministerio Publico». Así comenzó la fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, la rueda de prensa en la que anunció la formulación de cargos a 17 personas por el caso de los sobornos de Odebrecht.
Esas palabras, pronunciadas por Porcell esta semana con pausa y tono evangelizador, evidencian la falta de seguridad que existe en Panamá en torno a la certeza de un castigo justo frente a una práctica muy extendida como es el aprovechamiento o apropiación ilegal de los fondos públicos.
La fiscal general, blanco de duras críticas por la lentitud con la que han avanzado centenares de investigaciones por corrupción, en un capítulo inédito en la historia panameña que comenzó hace más de 2 años, reconoció que los antecedentes de impunidad y descaro del delito ha alimentado la desconfianza del público en la Justicia.
Y no es la única. «Sistema de corrupción» generalizada: así definió la situación «que estamos viendo» en Panamá con el caso Odebrecht la vicepresidenta, Isabel De Saint Malo.
La también canciller reconoció que seguramente otras empresas han pagado coimas para conseguir contratos en Panamá, y pidió a sus compatriotas no solo rechazar esa práctica sino «trabajar para que nunca más vuelva a ocurrir».
El escándalo de la multinacional brasileña y principal contratista del Estado panameño, con proyectos que superan los 9.000 millones de dólares en los últimos 12 años, ha encendido nuevamente el debate sobre la probidad y eficacia del sistema judicial del país que más crece en esta región desde hace una década, y precisamente gracias al auge de la construcción.
La mecha se encendió hace más de 2 años, cuando Juan Carlos Varela asumió las riendas del país y comenzaron decenas de procesos por supuesta corrupción contra exfuncionarios de su antecesor y antiguo aliado político Ricardo Martinelli (2009-2014).
El propio Martinelli afronta al menos seis causas penales, una de ellas por escuchas ilegales, por la que tiene orden de detención y un pedido de extradición presentado ante EE.UU., donde está autoexiliado.
Dos hijos del expresidente y un hermano suyo aparecen vinculados a los sobornos de Odebrecht, según investigaciones en Panamá y Suiza, algunos de cuyos datos se han filtrado a la prensa.
Las primeras audiencias por los casos de corrupción durante el Gobierno de Martinelli, en las que un juez decidirá si los imputados, muchos encarcelados o con medidas cautelares, irán a juicio, comenzarán en los próximos meses. Es esa lentitud lo que más críticas y suspicacias genera en la opinión pública.
«Comprendo y entiendo la impaciencia del país para obtener respuestas prontas, sin embargo, en la persecución del delito hay tiempos, tenemos que cumplir exactamente los términos y la forma en que el proceso tiene que avanzar», afirmaba Porcell esta semana.
Pese a las excusas de la fiscal general y los pedidos de apoyo al Ministerio Público del presidente Varela, el manejo judicial del caso Odebrecht sigue alimentando el escepticismo en muchos sectores panameños.
Se exige a la Fiscalía más transparencia y al Ejecutivo más «voluntad y liderazgo» para desmantelar la «estructura de corrupción» que rodea a la multinacional brasileña, como acusó hace poco el Movimiento Independiente por Panamá (Movin).
Los independientes, analistas e incluso el partido de Martinelli, Cambio Democrático (CD-opositor), piden que la investigación de la Fiscalía de Panamá no se limite a las actividades de la constructora entre 2009 y 2014, el período que aparece en el informe estadounidense que destapó el escándalo internacional de los sobornos de Odebrecht.
Entre las 17 personas a las que se formularon cargos por las coimas de Odebrecht está el exdirector de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del gobierno de Martín Torrijos (2004-2009), Amado Barahona, quien fue conducido a la Fiscalía por la policía.
«Que se sepa toda la verdad», ha dicho Varela, al señalar que no tiene problemas en que se investigue su gestión. «Me estoy dando cuenta de que pasamos del discurso de la persecución política. Se han dado cuenta que no era tal cosa, si no que había mucha corrupción en los gobiernos anteriores», añadió en una reflexión esta semana.
Persecución política gritaron Martinelli y sus correligionarios cuando hace más de dos años comenzaron las investigaciones en su contra.
«Confíen en lo que estamos haciendo» que es «única y exactamente lo que dice la ley (…) las investigaciones las vamos a llevar hasta las últimas consecuencias, sin distingo de quién sea la persona», exclamó Porcell.