La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá analiza desde este lunes un recurso de hábeas corpus a favor de cuatro reos traslados la semana pasada a una cárcel insular de máxima seguridad objetada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La magistrada Ángela Russo deberá resolver esta petición introducida por el abogado Félix Humberto Paz contra el director general de la Policía Nacional, Omar Pinzón, de acuerdo con la Secretaría General de la CSJ.
Los reos fueron trasladados a la cárcel de Punta Coco, en el Pacífico panameño, días después de que en un tiroteo en el barrio de El Chorrillo, en ciudad de Panamá, acabara con la vida de una niña de 13 años y dejaran heridas a cuatro personas, de las cuales una era una joven de 17 años que falleció este lunes en el hospital.
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, confirmó el viernes pasado el aislamiento de los presos y aseguró que ese penal continuará funcionando y que albergará a los que atenten contra el Estado y a aquellos que desde la cárcel «sigan dirigiendo su tráfico de drogas y la ejecución de gente inocente».
«Es una decisión tomada. Esa cárcel se construyó durante mi gestión de Gobierno y se va a mantener», sostuvo en un acto oficial.
Los reos trasladados fueron identificados como Jorge Camargo, Azael Ramos, Carlos Mosquera y Héctor Moisés Murillo, este último un narcotraficante detenido a principios de mes en una operación en la que Colombia colaboró con información y se decomisaron cuatro toneladas de cocaína.
El abogado de Murillo, Kevin Moncada, dijo el viernes que la medida violenta el derecho internacional y la Constitución, y desobedece «la orden que le dio la CIDH a Panamá de que no podía seguir aislando de esa manera a los detenidos».
Moncada indicó al canal local TVN que el día de la movilización no se le dio información sobre el paradero de su defendido, y que la Policía Nacional y el Sistema Penitenciario daban muestras de desconocer el traslado.
En marzo, el Gobierno sacó de Punta Coco a seis reos de máxima peligrosidad, líderes de pandillas, porque las características de la cárcel insular fueron objetadas por la CIDH, que pidió la adopción de «medidas que hagan cesar la situación de aislamiento».
En 2015, un grupo de expertos de la ONU pidió al Gobierno que cesara el traslado de reos a esa prisión por sus condiciones extremadamente duras.
Mala ventilación, ingesta de agua salubre y lo remoto de la isla estuvieron dentro de esas consideraciones, algunas de las cuales el Gobierno atendió para mejorar la situación de los reos que estuvieron ahí hasta su desalojo.