Los reos del penal insular de Panamá que ha sido vetado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fueron traslados a celdas de la Policía Nacional, informó el sábado el director de ese cuerpo, Omar Pinzón
Pinzón explicó a periodistas que el traslado obedece a reformas, fumigación y otras adecuaciones en la cárcel de Punta Coco, pero dijo que desconoce si regresarán pronto al penal, ubicado en el Pacífico de Panamá, porque eso es «un proceso».
El director de la Policía negó que la movilización se deba a una revisión que deben hacer magistrados de la Corte Suprema de Justicia a las instalaciones del penal, después de la presentación de un hábeas corpus por parte de la defensa de uno de los detenidos.
La noche del viernes uno de los juristas representantes, Kevin Moncada, confirmó la llegada de los presos a tierra firme.
«Suponemos que se trata de la respuesta al recurso de hábeas corpus que presentó la defensa de (el supuesto narcotraficante) Hector Moisés Murillo, donde nosotros denunciábamos que la República de Panamá estaba en desacato ante la orden de la CIDH en la que prohibía a Panamá incurrir de nuevo (…) en poner a los privados de libertad en condiciones de aislamiento», dijo Moncada al canal TVN.
A mediados de septiembre cuatro pandilleros, entre ellos Murillo, fueron trasladados a esta cárcel después de que ocurriera un tiroteo entre pandillas en el barrio popular de El Chorrillo, cercano al casco antiguo de la capital panameña, en el que murieron dos niñas de 13 y 17 años cada una.
Uno de los detenidos, Murillo, era uno de los narcotraficantes más buscados del país y fue detenido a principios de septiembre en una operación que contó con colaboración de Colombia.
Tras el incidente en El Chorrillo, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, confirmó el aislamiento de los presos, y aseguró que ese penal continuará funcionando a pesar de las críticas, y que albergará a los que atenten contra el Estado y a aquellos que desde la cárcel «sigan dirigiendo su tráfico de drogas y la ejecución de gente inocente».
A principios de año, el Gobierno se vio obligado a sacar a 6 de los 7 reos que se encontraban en el penal en ese momento a petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que denunció en un informe las condiciones de extrema dureza y aislamiento a las que están sometidos los presos.
En 2015, un grupo de expertos de la ONU también pidió al Gobierno que cesara el traslado de reos a esa prisión por sus condiciones extremadamente duras.
Mala ventilación, ingesta de agua salobre y lo remoto de la isla estuvieron dentro de esas consideraciones, algunas de las cuales el Gobierno atendió para mejorar la situación de los reos.