El magistrado de Garantías, Jerónimo Mejía, otorgó cinco días para que el fiscal Harry Díaz y el acusador autónomo revisen escrito de acusación y respondan detalladamente a los reparos sustentados por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, con lo que la audiencia se reanudará el próximo martes 24 de julio a las 9:30 a.m.
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El abogado Sidney Sittón cuestionó las faltas técnicas y detalló una serie de
supuestos defectos en el escrito que les «impiden ejercer un real derecho de
defensa y de contrariedad».
El abogado defensor de Martinelli también objetó la acusación autónoma presentada por el abogado de Rosendo Rivera, la cual catalogó de «una copia» de la presentada por el fiscal Díaz y que por ende deberían realizar las mismas correcciones.
Otro de los puntos que dominó la segunda parte de la audiencia de este lunes
fue la identidad del testigo protegido.
“La defensa pide sanación, la depuración que se debe dar en la etapa intermedia.
Tenemos derechos a saber que quieren probar con el testigo protegido”, expresó.
Según Sittón, el fiscal Díaz no especificó en la acusación qué recursos del Estado se utilizaron en las interceptaciones mediante el Consejo de Seguridad, los equipos o funcionarios que se destinaron para esta acciones y las indicaciones que habría dado Martinelli.
“No explica en la acusación cuándo, dónde y cómo fueron esas instrucciones. Esto es importante para la defensa, esta es la fase donde la fiscalía tiene que poner todos los elementos de convicción”, manifestó el abogado durante su intervención.
Además, agregó que tampoco se puntualiza quiénes fueron las personas afectadas durante los años 2012 y 2014, periodo de tiempo en el que está referido la acusación.
El abogado también indicó en el escrito, específicamente en los hechos de relación precisa y circunstanciada, que no hay referentes del delito contra la administración pública. Así mismo, señaló que el fiscal Díaz no cumplió con la técnica de presentación de los testigos, ni acerca del tema que se le va a tratar.
Ricardo Martinelli es acusado por la supuesta comisión de los delitos de inviolabilidad del secreto, derechos a la intimidad y contra la administración pública, por los que piden 21 años de prisión.
Redacción El Click