El presidente de Brasil, Michel Temer, alentó este lunes al Congreso a que apruebe un proyecto de ley que pretende flexibilizar el régimen petrolero y limitar los privilegios de la estatal Petrobras en los yacimientos más ricos del país.
En un discurso en la apertura de la feria Rio Oil and Gas, Temer dijo que el nuevo régimen petrolero «generará nuevos empleos» y «dará un nuevo ímpetu a las inversiones en el sector».
Los cambios en la ley petrolera, que son demandados por la industria brasileña y por inversores extranjeros, ya han sido aprobados por el Senado y, de forma parcial, en la Cámara de los Diputados.
Este órgano tiene previsto votar cuatro enmiendas al texto, el último paso antes de que Temer lo sancione y entre en vigor.
Las nuevas normas preven poner fin al régimen que garantiza a Petrobras ser la operadora única en la explotación de los yacimientos de la zona geológica del presal, unas reservas gigantes descubiertas en aguas profundas del océano Atlántico.
El texto, no obstante, le permite a Petrobras decidir de forma facultativa si desea ser la operadora en los yacimientos del presal y también mantiene el régimen de producción compartida, que obliga a las empresas a entregar parte del crudo al Estado.
Si la estatal se atribuye el derecho de ser operadora, la nueva ley le garantizará una participación mínima del 30 % en el capital de cada proyecto, un porcentaje que ya estaba recogido en la ley vigente, que data de 2010 y fue impulsado por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
La propia Petrobras ha defendido el cambio de régimen, porque la grave crisis que atraviesa la empresa, derivada de la corrupción y de la caída del precio del petróleo, le ha obligado a reducir las inversiones de forma drástica, por lo que no consigue cumplir la obligación de ser operadora en las nuevas explotaciones.
El único yacimiento que se ha subastado en el presal bajo el régimen de producción compartida es el campo de Libra, el mayor del país, con reservas de entre 8.000 y 12.000 millones de barriles de crudo recuperables.
La explotación de ese yacimiento ubicado en aguas del Atlántico fue otorgada en 2013 a un consorcio formado por Petrobras (40 %), Shell (20 %), Total (20 %) y las petroleras chinas CNPC (10 %) y CNOOC (10 %).
La votación de la nueva ley está prevista para la noche de este lunes, pero la oposición ha obstruido las deliberaciones en ocasiones anteriores y podría atrasarla de nuevo.