La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, indicó que la grave situación que atraviesa el Órgano Judicial, tras la información publicada por la procuradora Kenia Porcell, se suma a una larga lista de irregularidades que ha causado la falta de confianza de la ciudadanía hacia las instituciones de justicia.
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En las declaraciones de la procuradora general de la Nación se da a entender que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia están sujetos a presiones, chantajes, sobornos, etc, los cuales segun Transparencia «le impiden su capacidad para cumplir con su obligación de impartir la justicia de forma independiente, eficaces y con apego a la ley».
«La polémica que involucra a la Porcell y a los magistrados Hernán De León y José Ayú Prado no puede ser asumida por el Órgano Judicial, debido a que carece de las estructuras de integridad y ética necesarias, las cuales debieron crearse con la aplazada implementación de la carrera judicial», advierten.
Precisan que esto pone al país en una encrucijada institucional: «Ante esta realidad, son pocas las vías que de verdad logren cambios efectivos como: la renuncia de los magistrados antes mencionados, que el magistrado que fue sobornado interponga la denuncia, como lo dicta su obligación ante cualquier intento de obstrucción de la justicia; o que el ejecutivo designe una comisión independiente, nacional e internacional, que pueda realizar las tareas que obviamente no se han podido llevar a cabo para enderezar la justicia».
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, considera que la solución a este problema requiere de la persistente participación de una ciudadanía informada y responsable.
«Si los corruptos llegan a salir impunes de este caos ocasionado en el Órgano Judicial, entonces se estará renunciando a la democracia del país», concluyen.
Fuente: Zeta