Uruguay avanza en la actualización y modernización de los aspectos jurídicos en cuanto a las normativas internacionales para el fortalecimiento del sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, dijo este martes y el presidente del Banco Central de ese país (BCU), Mario Bergara.
El funcionario explicó, durante la apertura de la jornada de capacitación para notarios denominada «Buenas prácticas para la elaboración de Reportes de Operaciones Sospechosas», que estos profesionales «cada vez más» tendrán «un rol importante» en cuanto al reporte de operaciones sospechosas.
«La nueva normativa que se esta procesando y la que tenemos que tener a la luz de las normativas internacionales implican que tienen que ser más estrictas e intensas las actividades que incluyen notarios, abogados, contadores e inmobiliarias en cuanto a reportar operaciones que resulten sospechosas de realizar lavado de activos o financiación del terrorismo», expresó a la prensa.
Agregó que Uruguay ha tenido una «buena evaluación» de cumplimiento de la reglamentación tanto normativas como operacionales internacionales de las recomendaciones obtenidas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a través de evaluaciones que se hicieron en 2009.
«Tenemos hitos en el futuro cercano que nos obligan a modernizar la normativa y a organizar el modelo jurídico, las prácticas y cultura en cuanto a la evasión y el combate al lavado de activos», aseguró.
De igual manera, el presidente del BCU precisó que en el 2018 Uruguay «va a estar operando» en el marco del convenio multilateral de intercambio automático de información tributaria establecido en el acuerdo de transparencia global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Valoró que desde ese organismo se han impulsado los convenios bilaterales entre países para el intercambio de información tributaria para evitar la doble tributación.
«Las nuevas regulaciones del GAFI nos obligan a tener nuevos marcos normativos. Son cosas que tenemos que estar cambiando en nuestra normativa a efectos de cumplir de mejor manera las nuevas recomendaciones para el 2018», sentenció.
A juicio de Bergara, «una buena evaluación del GAFI» en 2019 y la «plena operación de Uruguay» en el convenio multilateral de intercambio de información fiscal automático son «sellos análogos» al grado de inversión en el terreno financiero que se traducen en «sellos de credibilidad y calidad».
Además, subrayó que «crecientemente se está mirando» la seriedad del país en cuanto a la prevención del lavado de activos, por lo que añadió, «cada vez más» cada transacción financiera está mirada con «una lupa cada vez mas potente» a fin de conocer el origen de los fondos, los clientes y beneficiarios.
Bergara remarcó que en su país se trabaja con el reporte de operaciones sospechosas desde el 2001, por lo que entre 2001 y 2006 los reportes fueron menores que en 2006 cuando se recibió un promedio de 3.000 informes que fueron procesados «en su mayoría» por las instituciones financieras y «pocos» de ámbitos profesionales.