La Contraloría de Panamá informó este miércoles que redactó un manual de procedimientos para fiscalizar que cualquier fondo para donaciones asignado en el presupuesto de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) sea verificado correctamente para evitar cualquier tipo de discrecionalidad.
La entidad fiscalizadora de cuentas señaló en una declaración pública que por iniciativa propia elaboró dicho manual con toda la autoridad de la que está revestida para intervenir e inspeccionar los fondos de donaciones otorgados por el Órgano Legislativo.
El contralor Federico Humbert dijo que esta es «la primera vez» que la Contraloría redacta un manual para «limitar, controlar y fiscalizar fondos de donaciones otorgados por la Asamblea Nacional de Diputados», de acuerdo con un comunicado.
Aclaró que a la Contraloría no le corresponde aprobar partidas que son asignadas en la Ley del Presupuesto General del Estado, pero que «se tiene toda la autoridad para fiscalizar».
El departamento de auditoría interna de la AN, por su parte, tiene que velar porque se cumplan los controles como lo establecen las normas de control interno gubernamental y lo dispuesto en el manual aprobado por la Contraloría, destacó la entidad.
Indicó, no obstante, que si se asignaran fondos para esos menesteres (donaciones) en el Presupuesto del Parlamento, la Contraloría ejercerá un «estricto control, tanto previo como posterior, al manejo de estos fondos y exigirá la entrega de informes trimestrales de todos los apoyos otorgados» por la AN.
La Contraloría de Panamá aprobó el pasado 25 de octubre un decreto que regula los donativos o subsidios que pueden conceder los parlamentarios a través del presupuesto de la AN, por montos de entre 2.500 a 20.000 dólares.
Según esta normativa, los donativos de ayuda para gastos varios a personas pueden ser por sumas de hasta 2.500 dólares; gastos médicos, hasta 2.000 dólares; estudios, hasta 5.000; organizaciones sin fines de lucro, hasta 10.000; ayuda a Juntas Comunales, hasta 15.000; respaldo para organizaciones deportivas, hasta 20.000; y ayuda deportiva para atletas, hasta 5.000 dólares.
Este decreto que regula estas donaciones o subsidios ha levantado suspicacias en la opinión publica y el rechazo de sectores que no lo consideran pertinente y se oponen a la medida porque promueve el clientelismo.