La Justicia de Sudáfrica dictó que el expresidente Jacob Zuma (2009-2018) debe pagar los costes legales, hasta ahora sufragados por el Estado, en un caso en el que se le acusa de corrupción y fraude, entre otros presuntos delitos.
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El Tribunal Superior de la provincia de Gauteng (centro) consideró que Zuma no solo deberá costearse su defensa y demás gastos legales, sino también devolver el dinero aportado por las arcas públicas hasta ahora, que podría ascender, según los partidos opositores, a unos 32 millones de rands (unos 2 millones de euros).
El Estado se encargaba de estos costes en virtud de un acuerdo cerrado por la Presidencia de Sudáfrica y la Fiscalía antes de que él ascendiera a la Jefatura de Estado, en el que se contemplaba que el aparato público sufragaría los gastos en el caso de que un alto cargo fuera acusado de delitos cometidos en ejercicio de su función.
El tribunal, reunido en Pretoria, consideró hoy que los delitos de los que se acusa a Zuma en esta causa no son resultado de su desempeño, sino de sus decisiones a título personal.
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Por ello, el Estado no puede ser considerado “responsable” de los costes, según declaró el juez Aubrey Ledwaba, aunque Zuma aún podría apelar la decisión.
Fuente: Unión Radio