La organización Human Rights Watch (HRW) denunció este viernes 26 supuestos casos de «abusos físicos» e «insultos» por parte de la Policía federal belga contra sospechosos terroristas, tras los atentados ocurridos en el último año en Bruselas y París.
«No estamos en condiciones de saber si son excepciones o si reflejan un modelo de comportamiento», dijo en rueda de prensa Letta Tayler, miembro de la organización que ha investigado los abusos denunciados.
En todo caso, señaló que los casos de maltrato, que se deben investigar a fondo, se basan en «pruebas que parecen creíbles».
La organización denuncia que, en los últimos doce meses, Bélgica ha adoptado en el ámbito de la política antiterrorista, leyes «problemáticas» desde el punto de vista del respeto de los derechos humanos.
«Los ataques de Bruselas y París han sido los peores en décadas en Europa», dijo la representante de HRW, quien hizo hincapié en que la organización desea ver a los responsables de esos actos «responder ante la justicia» y reconoció la «enorme presión» sobre las autoridades belgas, que deben «demostrar que sus políticas contra el terrorismo dan resultado».
Entre las medidas que la organización denuncia se incluye el aislamiento prolongado de los detenidos por terrorismo y la posibilidad de que las autoridades gubernamentales retengan los pasaportes y estudien las conversaciones telefónicas y correos electrónicos de personas sospechosas de terrorismo sin autorización judicial.
También critican las disposiciones para permitir revocar la ciudadanía belga y que permiten considerar delito los comentarios que «no constituyen en realidad una incitación directa al terrorismo».
Los «excesos» en los que incurren las fuerzas de seguridad, en particular durante los registros antiterroristas, «corren el riesgo» de generar un sentimiento de rechazo entre las comunidades más afectadas, en particular los musulmanes y turcos, advierte además la organización.
Para llevar a cabo el estudio, HRW ha interrogado a 23 personas que denuncian abusos físicos y «violencia verbal», además de a una decena de familiares o abogados de quienes aseguran haber sido víctimas de ese trato por parte de la policía, militares o autoridades penitenciarias.
Entre ellos se incluye Faycal Cheffou, inculpado en un primer momento como sospechoso de los ataques del pasado 22 de marzo en Bruselas, pero puesto en libertad pocos días después por falta de pruebas.
«Si busco mi nombre en internet, todavía se habla de mí como terrorista», denuncia Cheffou en un vídeo difundido hoy por la organización.
En una declaración escrita transmitida a la organización, el gobierno federal belga ha indicado que está «firmemente decidido a proteger» los derechos humanos en el marco de su respuesta al terrorismo.
También asegura que Bélgica está investigando «un cierto número de incidentes de supuesta violencia verbal o física», pero que «se trata de incidentes aislados» y que «de ninguna manera es el resultado de una política deliberada».
Según la organización, al menos 35 prisioneros se encuentran actualmente aislados en Bélgica, y cerca de otros 18 lo estuvieron con anterioridad.
Aunque HRW reconoce que hay que adoptar medidas para evitar una radicalización violenta en las prisiones, subraya que las mismas deben ser proporcionadas y estar sometidas a «un examen eficaz».