Panamá insistirá en la sesión extraordinaria de la OEA a un llamado a diálogo para solucionar la crisis en Nicaragua, la cual se intensificado en las últimas semanas con la «persecución» de varias ONG y «violaciones a la libertad de expresión».
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En la sesión de este jueves 27 de diciembre de 2018, el embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Salvador Sánchez, ratificó la posición del país ante la expulsión de dos mecanismos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó este miércoles EFE.
El Grupo de Trabajo para Nicaragua del Consejo Permanente de la OEA, del que Panamá es miembro, condenó la decisión del Gobierno de Daniel Ortega «de suspender la presencia del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y de las visitas de la CIDH».
Así como también «la decisión unilateral y abrupta de declarar la expiración anticipada del plazo, objetivo y misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)».
El Grupo de Trabajo también manifestó su desacuerdo con «la persecución de las últimas semanas contra organizaciones defensoras de derechos humanos, en particular a través de su criminalización y cancelación de personalidad jurídica, así como las reiteradas violaciones a la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación en Nicaragua» reiterando «su disposición a continuar trabajando con miras a tener un diálogo constructivo, pacífico, y sincero con el Gobierno de Nicaragua».
El Grupo de Trabajo para Nicaragua fue formado el pasado mes de agosto y sus miembros son: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú.
Desde el pasado mes de abril, Nicaragua atraviesa una crisis política y social que ha dejado como resultado entre 325 y 545 muertos, 674 «presos políticos», cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles de personas en el exilio, así lo indican organismos humanitarios.
El Gobierno, por su parte, solo reconoce 199 muertos y ha comunicado unos 273 detenidos a los que clasifica de ser «terroristas», «golpistas», y «delincuentes comunes».
Fuente: La Estrella de Panamá